Familiares de las víctimas piden justicia por la quema de la embajada de España en 1980

Guatemala.-  Los familiares de las víctimas del asalto e incendio de la embajada de España en Guatemala en 1980 recordaron hoy a los 37 muertos en esa matanza, entre ellos tres españoles, y pidieron justicia en el 28 aniversario de ese suceso.

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Acompañados por indígenas y activistas de los derechos humanos, los familiares se manifestaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC), contra la decisión del máximo tribunal de Guatemala de dejar sin efecto, el 12 de diciembre, las ordenes de captura contra cinco militares y dos civiles solicitada por la justicia española.

La protesta forma parte de las actividades en conmemoración del 28 aniversario de la matanza perpetrada en la embajada española, que comenzaron ayer miércoles con una ceremonia maya en esta capital.

Seis ataúdes de madera con los nombres de las 37 víctimas, fotografías del incendio, carteles del general golpista José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y pancartas contra la CC, a la que calificaron de "Corte de Impunidad", formaron parte de la protesta.

Los manifestantes colgaron zapatos de hombres y mujeres en las puertas de la CC y lanzaron pintura roja en las escalinatas para simbolizar la sangre que derramaron las víctimas de la guerra.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo a Efe que los miembros de esa organización que murieron en el incendio de la embajada, hace 28 años, fueron los primeros que denunciaron la represión militar y la miseria de los pueblos indígenas.

Las 37 víctimas, entre ellos once de la etnia quiché, cuatro de la pocomchí, tres ixiles, un cachiquel y un uspanteko, además de tres españoles, murieron carbonizados cuando las fuerzas de seguridad guatemaltecas incendiaron la misión diplomática, que había sido tomada de forma pacífica por los indígenas.

"Venimos desde San Miguel Uspantán -unos 270 kilómetros al noroeste de la capital- para exigir justicia porque trece familiares nuestros murieron en la embajada", dijo José Ernesto Menchú.

El manifestante es sobrino de Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, que fue uno de los dirigentes del CUC que murió quemado en esa tragedia.

"Nos da tristeza que no se cumpla la justicia. Los hermanos están tristes, pero vamos a seguir pidiendo la justicia contra los responsables de la masacre", subrayó Menchú, a quien acompañaban las ancianas indígenas Catarina US, que perdió a un hijo, y Catarina Maldonado, cuyo esposo también murió quemado.

Julio Solórzano, hijo de la escritora Alaíde Foppa, desaparecida durante el régimen militar, en 1980, afirmó que en Guatemala hubo 250.000 muertos y desaparecidos, pero no hay ningún culpable en la cárcel.

"Allí están los muertos, los desaparecidos (pero) dónde está la justicia, dónde están los culpables", reclamó Solórzano, uno de los impulsores de la querella interpuesta ante la Audiencia Nacional de España contra los supuestos responsables de esta matanza.

El hijo de la escritora desaparecida manifestó que el esfuerzo por la búsqueda de la justicia no se detendrá a pesar del fallo de la CC que benefició a los cinco militares y dos civiles.

Se trata de los generales Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, el coronel German Chupina y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.

Estas personas son reclamadas en España acusadas de genocidio, torturas y delitos de lesa humanidad y sobre ellas existe una orden de captura internacional emitida por el alto tribunal español.

Solórzano recordó que en otros países como Argentina, Chile y Uruguay los militares responsables de violaciones a los derechos humanos están en la cárcel a pesar de las leyes de amnistía.

Mario Minera, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, repudió el fallo de la CC y dijo que los magistrados dieron con su decisión un mensaje de "irresponsabilidad" al beneficiar a los acusados de genocidio.