MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó hoy de "inconstitucionales" los argumentos esgrimidos por el Gobierno vasco para convocar su consulta sin tener que pedir autorización del Estado, es decir, que se trata de una "consulta" y no de un "referéndum" y que no tendrá carácter vinculante.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó hoy de "inconstitucionales" los argumentos esgrimidos por el Gobierno vasco para convocar su consulta sin tener que pedir autorización del Estado, es decir, que se trata de una "consulta" y no de un "referéndum" y que no tendrá carácter vinculante.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega dijo que el proyecto de ley enviado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al Parlamento vasco para habilitar su consulta a la ciudadanía es "manifiestamente contrario a la Constitución" y que sus justificaciones "carecen de toda base".
El proyecto de ley se apoya en el artículo 9.2.E del Estatuto de Guernika para ejercer su derecho a consultar a los ciudadanos de la comunidad autónoma sin que el Estado tenga que autorizarlo, es decir, apelando al carácter no vinculante de la consulta y a que no se trata de una consulta popular por vía de referéndum. "Tanto un argumento como otro son inconstitucionales", añadió la vicepresidenta.
Por otro lado, la también ministra de la Presidencia dejó claro que el recurso al Tribunal Constitucional contra la iniciativa, que el Gobierno se ha comprometido a presentar, no puede materializarse hasta que el proyecto de ley no sea aprobado por el Parlamento vasco, si es que finalmente éste lo aprueba. "En un Estado democrático un proyecto de ley no es ley hasta que no lo aprueba un Parlamento", afirmó, subrayando que "el respeto a la democracia parlamentaria no permite falsos atajos".
Así, aseguró que el Ejecutivo será "firme", ajustándose a la Constitución y al Estado de Derecho, y añadió que ha entendido que esa es la intención también del PP, recurrir la ley al Tribunal Constitucional cuando ésta sea aprobada por la Cámara vasca.
De la Vega insistió una vez más en que el Ejecutivo lamenta "profundamente que el Gobierno vasco en lugar de aprobar una norma que sirva a los demócratas para distanciarse de los violentos apruebe una norma que violenta la Constitución y que, lejos de unir, divide a la sociedad vasca".
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