Una colecta para detener una carretera

Nuevo golpe para las obras de la M-501 en Madrid: La Comisión Europea ha denunciado el desdoblamiento de la llamada carretera de los pantanos ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Mientras los alcaldes de la zona muestran su disgusto y preparan ya una reunión con el comisario de Medio Ambiente, los ecologistas relanzan su campaña para juntar el medio millón de euros fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como fianza para detener las obras.

En la organización Ecologistas en Acción se han puesto como fecha tope el 27 de julio para conseguir el dinero y aunque ven difícil alcanzar esta cantidad, aseguran que ya han recibido muchas aportaciones de personas e instituciones. Conciertos y cenas solidarias son algunas de las formas con las que intentan alcanzar la fianza que haga parar las máquinas.

"Resulta increíble que los denunciantes, a los cuales los tribunales han dado la razón, tengan que poner medio millón de euros para conseguir que se cumpla la sentencia, mientras que sea tan barato para los infractores incurrir en la ilegalidad", se quejan los ecologistas en su web, donde da más detalles de las iniciativas puestas en marcha para reunir el dinero. Esta organización considera "lamentable" que "el cumplimiento de la legalidad se vincule de forma sistemática con el depósito de fianzas millonarias, incluso a organizaciones sin ánimo de lucro".

Para Ecologistas en Acción la M-501 atraviesa una de las zonas de mayor valor ecológico de la Comunidad de Madrid, refugio de "un buen número de especies animales en peligro de extinción", como es el caso del águila imperial, la cigüeña negra, el buitre negro, o incluso el lince ibérico (ver episodio del hallazgo de excrementos de este felino en la zona). Los ecologistas argumentan que los datos de siniestralidad utilizados por el gobierno regional para justificar las obras están falseados y que el desdoblamiento de la carretera responde a razones urbanísticas y a otros "intereses ocultos". Además, denuncian que "se está actuando acorde a la política de hechos consumados, por la que primero actuamos y luego vemos que pasa...".

En el lado opuesto, los alcaldes de los cerca de 57 municipios de Madrid y Ávila por los que pasa esta carretera muestran su disgusto por la decisión de la Comisión Europea y preparan una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, el griego Stavros Dimas. "Parar las obras a punto de concluir es un suicidio para todas las personas que transitan las vías", afirma Pablo Martín, alcalde de la localidad de San Martín de Valdeiglesias y portavoz de la plataforma pro-desdoblamiento. Según este edil, "el desdoblamiento de la carretera es necesario por motivos de seguridad (al menos 100 personas han muerto en los últimos 10 años) y para que los ciudadanos puedan tener un acceso rápido a los servicios de educación y sanidad de Madrid, así como una mayor dinamización de la zona que aumente la calidad de vida de los más de 50.000 ciudadanos que viven en estas localidades".

Sobre el fuerte impacto ambiental de estas obras, el alcalde argumenta que se han incluido diversas medidas correctoras y compensatorias como la reforestación de 10 árboles por cada uno talado por las obras o la construcción de pasos subterráneos cada 500 metros para la fauna. "Los animales no son tontos y atravesarán la autovía por los pasos cuando estén construidos", defiende Martín, "pero si las obras se paran, además de poner en peligro la vida de las personas que circulan por la vía, las medidas correctoras ambientales no podrán aplicarse".

Unos luchan contrarreloj para reunir el dinero que detenga las máquinas y los otros reclaman que ante todo se les deje acabarlas. Si bien las instituciones europeas parecen dar la razón a los ecologistas, para el portavoz de la plataforma pro-desdoblamiento estos están actuando de forma demagógica y niega que vayan a producirse crecimientos urbanísticos en torno a la carretera, dado que "el 85% de nuestro territorio está protegido".

¿Qué piensas tú del desdoblamiento de esta carretera? ¿Debe dejarse acabar las obras cuando la propia Comisión Europea duda de su legalidad?