Las clínicas abortistas quieren para España el modelo holandés

El Ministerio de Igualdad no ha contado con ellas para el comité de expertos que estudiarán la nueva ley del aborto, "y eso que nos lo prometió antes de verano porque somos nosotras las que llevamos años poniendo en práctica la norma día a día". Pero las clínicas abortistas han recibido con optimismo la decisión del Gobierno. Más satisfacción les ha producido que se hayan concretado con fechas, "porque muchas veces este tipo de promesas se han perdido en el túnel del tiempo". Ahora es momento de trabajar y ellas lo tiene claro: quieren el modelo holandés.

(EP)

La ministra Aído se encargará de la nueva ley del aborto

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) será exigente y reclamará una ley ajustada a los nuevos tiempos y que garantice la plena libertad de las mujeres. El colectivo de clínicas abortistas viene pidiendo desde la aprobación de la vigente ley de 1985 lo mismo al Gobierno: una ley de plazos, "en la que la mujer sea quien decida por si misma la interrupción de su embarazo, sin la tutela de ningún médico", según explica Empar Pineda, portavoz de ACAI. El modelo ideal para los especialistas es el holandés: sin ningún tipo de restricción durante las primeras 24 semanas, a partir de las cuales el feto puede sobrevivir fuera del útero de la madre. A partir de esa fecha, habría que fijar las excepciones en las que también se podría abortar si la vida de la madre corre peligro, por ejemplo.

En la mayoría de los países europeos existe una ley de plazos, que van desde las primeras diez semanas de gestación en el caso de Turquía, Portugal y Eslovenia hasta las dieciocho de Suecia. En el polo opuesto a Holanda se sitúan Malta y Andorra, países donde está prohibido el aborto en cualquier situación. El actual modelo español de supuestos es compartido sólo por Reino Unido, Finlandia y Polonia.

Otra de las exigencias de ACAI, que se la han hecho llegar a la ministra Aído a través de un exhaustivo informe, es que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través del sistema público, por medio de conciertos con clínicas privadas. Actualmente en España, sólo el 3% de los abortos se realizan en hospitales públicos, y en algunas regiones (como Navarra, Murcia, Extremadura o las dos Castillas) no hay ningún centro de la red estatal donde una mujer pueda abortar.

Con estas dos premisas (ley de plazos y sistema público) se garantizaría el doble objetivo que persigue el Gobierno: protección de las mujeres y equidad territorial. "Ninguna mujer tendría que dar explicaciones a los jueces de por qué ha decidido tomar la difícil decisión de abortar, sus datos no serían conocidos por asociaciones antiabortistas, ni por departamentos no médicos de los hospitales, como administración, a donde las clínicas remiten facturas por sus actuaciones", recuerda Pineda. "Lo que no se puede seguir permitiendo es que haya españolas con miedo y que tengan, en pleno siglo XXI, que ir a abortar a Denver (Colorado)".