Rumí dice que el catálogo de ocupaciones se ajusta a la realidad del mercado laboral

Madrid.-  La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que se ha reducido en un 35 por ciento, "se ajusta a la realidad del mercado laboral".

Tras la comparecencia en el Congreso para presentar los presupuestos de su departamento, Rumí ha explicado que este catálogo de profesiones para inmigrantes, que se creó con los agentes sociales, se renueva cada trimestre e indica, provincia a provincia, las ocupaciones que demanda el mercado laboral en las que no hay trabajadores en España para cubrirlas.

"Si hay demandantes españoles o extranjeros en España deben optar primero a ese puesto de trabajo, siempre ha sido así, la novedad es que la situación es diferente y el catálogo también es diferente porque se ajusta a la realidad" del mercado laboral, ha dicho Rumí.

En la intervención ante la Comisión de Trabajo e Inmigración, Rumí ha actualizado los datos de inmigrantes repatriados a lo largo de este año, que hasta el 8 de octubre han sido 22.752, y ha rechazado, ante las críticas del PP, que el Gobierno esté realizando una política de "puertas abiertas" o de regulaciones masivas.

"Los únicos que han hecho regularizaciones indiscriminadas y masivas han sido ustedes", ha dicho Rumí al portavoz popular, a quien ha pedido que deje de manipular y de crear confusión ala ciudadanía respecto a la política de inmigración, que el Gobierno ha defendido que debe estar vinculada al mercado laboral.

Respecto a la lucha contra la inmigración ilegal, la secretaria de Estado ha destacado la reducción en el número de llegada de pateras a las costas españolas desde 2007, que ha sido del 60 por ciento.

Rumí ha explicado que los presupuestos de su departamento -445 millones de euros- han sufrido ajustes, "que no afectan a los compromisos esenciales", y que garantizan "el gasto social de los españoles que residen fuera de España", que tienen los mismos derechos, como a la aplicación de la ley de Dependencia.

Para el control de los flujos migratorios y la colaboración con los países de origen, se destinan 8 millones de euros, para el capítulo de emigración, 132 millones y para integración de inmigrantes 299 millones.