¿Despenalizarías las injurias al Rey?

Un grupo de abogados ha lanzado un manifiesto para reclamar la despenalización del delito de injurias a la Corona. Este llamamiento llega en un momento caliente, ya que a final de mes la Audiencia Nacional juzga a 16 personas involucradas en la quema de fotografías de los Reyes que se produjo en Gerona el año pasado, unos actos por los que ya fueron condenadas dos personas al pago de 2.700 euros.

(EFE)

Una de las fotos quemadas en Girona.

Los cerca de 70 juristas firmantes han presentado el manifiesto de forma simultánea en los colegios de abogados de diversas ciudades (repartidas entre Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares) y esperan recibir el apoyo de más personas relacionadas con el mundo del derecho. De momento, algunos organismos como la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos ya se han unido.

El delito de injurias a la Corona se recoge en los artículos 490 y 491 del Código Penal, y su pena es superior a la que corresponde por un delito común de injurias, que aparece en los artículos 208 y 209.

El manifiesto pretende abrir un debate público sobre lo que consideran una sobreprotección penal de la familia real, algo "difícilmente compatible" con el derecho fundamental a la igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución Española, el cual establece que "los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

En el manifiesto figuran otros argumentos para solicitar la despenalización de las injurias, como el hecho de que la Corona, como cargo que se transmite de forma hereditaria y que nunca se ha sometido a referendo, debe estar expuesta a la crítica política expresada públicamente. Por útlimo, el texto considera que el Código Penal incurre en una limitación directa del ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad ideológica y la libertad de expresión.

Este debate no es nuevo. En el mes de abril, el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV presentó una Proposición de Ley Orgánica ante el Congreso en la que también solicitaba la despenalización de las injurias. Fue una de las primeras proposiciones que presentó el Grupo, una vez se constituyó el Congreso tras las elecciones de marzo. Sin embargo, esta propuesta todavía está a la espera de ser debatida. La organización Reporteros Sin Fronteras también se cuenta entre las que han pedido la despenalización.

Además, el manifiesto llega a pocos días de que se celebre en Madrid el juicio a 16 personas por la quema de imágenes de los Reyes que se produjo el pasado año en Gerona. Desde la asociación catalana 'Alerta Solidària' aseguran que un par de autobuses se movilizarán desde Gerona para acompañar a los encausados. Jaume Roura y Enric Stern ya fueron condenados a una multa de 2.700 euros, y en aquella ocasión la resolución judicial razonó del siguiente modo:

La Constitución española reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la participación política incluso de quienes son contrarios al sistema constitucional", aunque "cuestión distinta es cuando en abuso de ejercicio del derecho se pretende menoscabar la dignidad de otro, en este caso, la Institución de la Corona".

"Es obvio que para manifestar el rechazo a la monarquía no es necesario vilipendiar a SS.MM. los Reyes, quemando su fotografía".

La resolución añade que, mientras los acusados "se manifiestan pacíficamente y sin armas coreando gritos antimonárquicos y portando pancartas con expresiones en el mismo sentido, se les respeta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin la mínima injerencia del poder público". La persecución penal, añade, sólo se produce ante "hechos delictivos".

La sentencia también destacó la "especial protección" con que cuenta la Corona en el ordenamiento jurídico, al formar parte de los "símbolos del Estado Democrático que la Constitución consagra". Según la resolución, "la persona del Rey encarna la institución de la Corona como representación y como símbolo de todos los poderes públicos españoles, estatales, autonómicos y municipales, y por ello, se le otorga como a otros símbolos e instituciones constitucionales una especial y expresa protección penal.